Caza furtiva e ilegal

 

Alicia Bruballa Garcés, La Salle Montemolín

Diversas y autorizadas fuentes coinciden en señalar que, en nuestro país, la caza furtiva o ilegal aumenta aceleradamente. En algunos casos, es impulsada por el creciente problema del hambre que sufren los habitantes de ciertas zonas rurales. En otros casos, obedece a la falta de recursos adecuados para establecer un sistema de vigilancia y control.

También cabe citar otro factor: la corrupción de algunos funcionarios administrativos y judiciales de varias provincias, que se muestran tolerantes con esa actividad ilegal a cambio de dinero o influencias. El resultado es que la caza, que podría ser una actividad que generara puestos de trabajo si estuviera bien controlada, pone en peligro los recursos que intenta explotar.

Muchos cazadores aprovechan la falta de control para infringir la ley. Ante esa realidad, los cazadores deportivos deberían extremar sus esfuerzos para diferenciarse de los furtivos. Recientemente, en Formosa, se ha dado a conocer una norma que permite la caza de fauna silvestre en todo el territorio provincial, aunque otorgando esa libertad exclusivamente a las comunidades aborígenes. Aún si se considerara que esta medida puede aportar una solución al problema del hambre, la norma seguiría siendo injusta, dada la discriminación que hace a favor de un sector de la población respecto de otros.

En el mundo, la caza furtiva y el tráfico de animales movilizan anualmente unos 20 mil millones de dólares, sólo superada por el narcotráfico y la venta ilegal de armas. La caza furtiva pone en peligro el futuro de las especies afectadas y las debilitadas economías regionales. Las autoridades deben tratar estos temas con seriedad y responsabilidad.
 

 

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