Aragón avanza hacia el acuerdo educativo

 

El Consejo Escolar de la comunidad ratifica un pacto de consenso con 250 acciones que se debatirá en las Cortes

Alicia Gracia (Periódico del Estudiante)

El Pacto Social por la Educación ya se ha puesto en marcha, un documento político pionero por haber contado con la participación de profesores, padres y alumnos. El documento que contempla 250 medidas que buscan dar estabilidad y mejorar el sistema educativo actual ya ha sido firmado por el Consejo Escolar de Aragón, el máximo órgano de participación de la comunidad educativa en nuestro territorio. En él están representados el profesorado de la enseñanza pública, privada y concertada; los padres y madres del alumnado aragonés; los propios alumnos; el personal de administración y servicios de la enseñanza pública, privada y concertada; los centros privados; los sindicatos; las organizaciones empresariales; la Universidad de Zaragoza; la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP); la Administración de la Comunidad Autónoma, así como las personas destacadas en el ámbito de la investigación educativa. Sin embargo, de los 54 componentes del Consejo Escolar de Aragón, tres sindicatos que pertenecen al organismo, CGT, STEA y CCOO, se han negado a firmar el acuerdo.

BÚSQUEDA DE ESTABILIDAD EN EL SISTEMA

El texto final ha sido el resultado de diversas reuniones y debates mantenidos durante casi un año y hace dos semanas llegó el momento de entregárselo a Mayte Pérez, consejera de Educación del Gobierno de Aragón, para que los distintos grupos políticos puedan, de ahora en adelante, debatir el acuerdo en las Cortes y pueda culminar en un Pacto por la Educación que dé estabilidad legislativa y presupuestaria a la política educativa de la comunidad. Aunque no se ha fijado un plazo concreto para que el documento llegue al parlamento aragonés, el gobierno espera que se pueda empezar a trabajar pronto sobre el texto.

En el acuerdo se explican las peculiaridades de nuestra comunidad autónoma con el fin de adaptar el pacto a ellas. Aragón se caracteriza por una distribución demográfica irregular a través de un territorio extenso y no siempre bien comunicado, lo que condiciona la planificación de la educación. Por ello, se busca configurar un modelo educativo propio que atienda de forma prioritaria a las desigualdades del territorio y minimice las diferencias sociales en cualquier punto de la comunidad. Por ello, hay que tener en cuenta el contraste entre los centros educativos de una ciudad como pueda ser Zaragoza y los centros de las zonas rurales, a las que hay que incorporar apoyos mediante la articulación de los centros rurales llamados CRAs y la incorporación de las TIC, entre otras medidas.

Por otro lado, Aragón se configura como una comunidad compuesta por una red pública que atiende, mayoritariamente, a la zona rural y urbana y una red privada que aglutina al 32% del alumnado y que se concentra esencialmente en las capitales de provincia. Del mismo modo, tienen que tenerse en cuenta las características propias de la comunidad en cuando al estudio de las lenguas -en zonas de Aragón se habla catalán- y la existencia de una importante población extranjera distribuida de forma irregular (en el curso 2014-2015 este sector alcanzaba el 13% del alumnado total).

De este modo, el pacto fija cuatro pilares principales sobre los que debe apoyarse el sistema educativo: calidad, equidad, participación y planificación. "No existe calidad sin equidad, pues la escuela debe garantizar una atención a la diversidad efectiva y real. Tampoco puede haber calidad sin evaluación, que ha de realizarse sobre el conjunto de la comunidad educativa y sobre el mismo sistema contribuyendo a su mejora; y sin la participación de toda la comunidad, sinónimo de democratización del sistema educativo. La planificación permite la elaboración de planes coherentes que definan políticas para lograr cambios sostenibles en el sistema, de forma que las aspiraciones a la estabilidad y mejora que pretenden las acciones de este Pacto se hagan realidad. Su objetivo fundamental es establecer, de forma consensuada con todos los sectores de la educación, una serie de acciones encaminadas a fomentar la equidad, la calidad, la participación y el éxito educativo de todos los estudiantes de la Comunidad Autónoma y a lograr una estabilidad legislativa y presupuestaria que facilite el progreso hacia la mejora del sistema educativo", se explica en el acuerdo.

PROTECCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL

El texto pactado recoge la universalización de la educación de 0 a 18 años; la protección de la educación en el medio rural, a través de la creación de un Observatorio; el fomento de la participación real, comprometida y activa de toda la comunidad educativa y una apuesta por articular mecanismos que corrijan las desigualdades sociales y culturales, tanto en el acceso al sistema educativo como en su permanencia en el mismo.

El texto incide en desarrollar acciones encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y, como consecuencia, garantizar el éxito escolar del alumnado. El pacto contempla una escolarización equitativa y equilibrada, además de una proporción reducida entre el profesor y el alumno, atendiendo a los casos de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Otro punto destacado es la apuesta por la evaluación, que debe hacerse extensiva no solo al proceso educativo, sino también a las infraestructuras, a los equipos docentes y no docentes, a las familias, al alumnado, a los sistemas de participación y al mismo proceso de evaluación. Por su parte, los tres sindicatos que no han apoyado el pacto aluden a que el texto no hace distinción entre la escuela privada y pública, no apoya a la primera y aborda de forma "peligrosa" la evaluación docente.

Mientras, a nivel estatal pasaba lo contrario. Los partidos que protagonizaron el debate sobre la suspensión de la LOMCE en el Congreso, son los mismos que se disponen a alcanzar el pacto de Estado de Educación que todos llevaban en su programa electoral y que negociarán en una subcomisión parlamentaria.

Ahora solo queda esperar a que los partidos políticos debatan y lleguen a un acuerdo que finalmente favorezca a alumnos, profesores y padres y que se encamine a fijar un sistema estable, más allá de los cambios de gobierno que se produzcan a lo largo del tiempo.

 

 

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